La reciente resolución judicial de la Fiscalía en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo Federal N°6 marcó un hito al ordenar a una conocida empresa de medicina prepaga reafiliar a una mujer transgénero sin imponer cargos adicionales, tras considerar su identidad de género como una enfermedad preexistente. El caso, que generó amplio debate sobre derechos humanos y discriminación, destaca la importancia de garantizar los derechos fundamentales de las personas transgénero y el respeto a la Ley de Identidad de Género.

Una Prepaga fue forzada a reconocer identidad de género trans como derecho fundamental

La mujer, cuyo nombre se mantiene en reserva, solicitó su afiliación a OSDE en noviembre de 2021, indicando en su declaración jurada su estado de salud sin mencionar patologías preexistentes. La empresa la aceptó inicialmente sin cargos adicionales y autorizó su tratamiento hormonal. Sin embargo, al solicitar autorización para una cirugía de cambio de sexo en marzo de 2022, OSDE la acusó de ocultar información y le impuso un costo extra por considerar su identidad de género como una enfermedad preexistente, exigiéndole un pago de 161.002 pesos durante 18 meses o de lo contrario, la desafiliarían.

El fallo judicial, considerado un precedente significativo por defensores de derechos humanos, determinó que la acción de OSDE fue arbitraria e injustificada, calificando el intento de cobro adicional como discriminatorio. El fiscal a cargo del caso resaltó que la Ley de Identidad de Género garantiza el derecho a la identidad de género y prohíbe cualquier tipo de discriminación por ello. Además, destacó que la cirugía de readecuación genital es un derecho contemplado en la ley, no una enfermedad preexistente.

La abogada Natalia Echegoyemberry, vicepresidenta de Xumek, una organización de derechos humanos, enfatizó que casos como este reflejan la falta de comprensión de las leyes y tratados internacionales por parte de algunas empresas de medicina prepaga. Además, señaló que existe un abuso sistemático hacia las personas transgénero por parte de estas empresas, lo que conlleva a una constante lucha en el sistema de salud y en el sistema judicial.