Cazadores Furtivos

En una reciente audiencia dirigida por el juez de garantía Nº 4, Santiago Ortiz, se dieron a conocer importantes novedades en la causa de caza furtiva ocurrida el 24 de marzo de este año, en la cual están involucradas ocho personas, entre ellas un menor de 17 años.

El fiscal José Olguín, acompañado por los fiscales adjuntos Marcelo Palacios y Andrea Court, decidió desistir de la acusación contra el menor, quien fue sobreseído del delito de caza furtiva.

Respecto a los otros seis imputados, se alcanzó un acuerdo mediante el cual se ofrecieron a cumplir tareas comunitarias y entregar una suma de dinero a una entidad de beneficencia. Sin embargo, para uno de los acusados se solicitó la continuidad de la prisión preventiva.

El juez Ortiz dispuso el sobreseimiento del menor y aceptó la suspensión del juicio a prueba por 12 meses para seis de los imputados. Además, ordenó el traslado de uno de los acusados al Servicio Penitenciario Provincial y remitió el legajo a otro juzgado para determinar en una futura audiencia si corresponde la acumulación de causas y la realización de un único control de acusación.

Los hechos

El 24 de marzo, agentes de la Unidad Regional Nº IV, en labores de prevención sobre la ruta provincial Nº 43 debido a denuncias en la zona, advirtieron a un grupo de personas acampando a campo abierto. Los hombres afirmaron estar cazando, aunque solo uno de ellos tenía autorización para ello. Los efectivos encontraron armas de fuego y dos cabezas de ciervo en una camioneta. Entre el grupo se encontraba un joven de 17 años. Ninguno pudo acreditar ser legítimo usuario de las armas, y habían matado a dos animales.

El 26 de marzo, el juez Ortiz formuló cargos provisionales contra los siete mayores como coautores del delito de abigeato agravado (por la participación de tres o más personas y por la inclusión del menor) y tenencia ilegal de arma de fuego. En esa oportunidad, el menor quedó bajo el resguardo de sus padres y sujeto al proceso judicial.

El 3 de abril, Ortiz permitió que seis de los imputados firmaran en fiscalía del 1 al 10 de cada mes y accedió a la solicitud de prisión preventiva para uno de los imputados por 60 días, debido al peligro de fuga, el posible entorpecimiento de la investigación y las circunstancias de otro hecho que evidenciaban “desprecio por los bienes ajenos”.

Esta causa, que ha generado considerable interés público, avanza con un enfoque en la rehabilitación social de los imputados, aunque se mantiene la firmeza judicial en los casos donde se percibe un mayor riesgo.