En las últimas semanas, la atención se ha centrado en San Luis ante la posibilidad de que diversas obras nacionales se vean amenazadas por la aprobación de la ley ómnibus propuesta por el oficialismo. Si este dictamen se aprueba, el Ejecutivo adquirirá amplias facultades para revisar y rescindir contratos vigentes, lo que podría conllevar a la paralización de proyectos trascendentales trazados desde el ámbito nacional en seis departamentos de la provincia.

El artículo 33 del texto original de la ley ómnibus fue motivo de preocupación para gobernadores, ya que planteaba la posibilidad de detener obras financiadas por la Nación, entre otras disposiciones. Tras ser transformado en el artículo 28 en el dictamen, que recibió el respaldo de 55 firmas del oficialismo y sus aliados, se incluyen no solo contratos para la provisión de bienes y servicios, sino también concesiones y construcción de obras públicas.

La preocupación se intensifica al considerar que esta medida afectaría tanto a las obras en ejecución como a aquellas que, a pesar de estar licitadas, no habían avanzado físicamente al finalizar la gestión anterior.

Según el Mapa de Inversiones del ex Ministerio de Obras Públicas, durante la gestión anterior se realizaron 7,276 intervenciones en todo el país, financiadas por la Nación. De ellas, 4,494 ya estaban finalizadas hasta el 10 de diciembre de 2023, mientras que 2,185 estaban en ejecución, generando beneficios económicos y laborales significativos. Sin embargo, 435 obras, a pesar de estar licitadas, no tenían avance físico al 6 de diciembre y son las más vulnerables ante la posible paralización.

En San Luis, diversas intervenciones corren peligro, siendo las más expuestas las ubicadas en el Departamento Junín. Proyectos como la pavimentación de calles en Los Molles, la puesta en valor de la plaza Sobremonte en Villa de Merlo, y el “entramado mercado municipal de la economía social solidaria y productiva” podrían detenerse, ya que presentan bajos avances financieros y físicos.

En otros departamentos, como Ayacucho y Pringles, obras esenciales como el refuerzo del sistema de agua potable y el nuevo acueducto La Florida II están en riesgo. Además, la construcción del Centro de Deshabituación al Consumo Problemático y Adicciones en La Toma podría verse afectada.

Aunque algunas obras han avanzado considerablemente, como la Planta de Tratamiento Vientos del Portezuelo, la incertidumbre reina en San Luis.

La ley ómnibus podría poner en peligro la obra pública nacional en la provincia, generando un daño potencialmente irreversible para el desarrollo local en sectores clave como educación, salud y vialidad.

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