
En Argentina, desde la muerte del expresidente Néstor Kirchner en 2010, se observó una tendencia creciente de homenajes póstumos. Calles, plazas, avenidas, escuelas, hospitales y otros bienes públicos fueron bautizados con su nombre, sumando más de 170 lugares en todo el país. Este fenómeno, que alcanzó su apogeo entre 2010 y 2015 durante el segundo mandato de su esposa Cristina Kirchner, refleja la influencia política y el legado del kirchnerismo en distintas regiones argentinas.
El Centro Cultural Kirchner (CCK), inaugurado por Cristina Kirchner en 2015, se encuentra ahora en el centro de una controversia, ya que el Gobierno anunció su cambio de nombre. Esta decisión generó incertidumbre sobre el nuevo nombre que recibirá el centro cultural, mostrando discrepancias incluso dentro del oficialismo.
Desde los primeros días tras el fallecimiento de Néstor Kirchner, diversos municipios y provincias comenzaron a renombrar espacios públicos en su honor. Por ejemplo, en Río Gallegos, la principal avenida de la ciudad fue rebautizada apenas unos días después de su muerte. Este gesto se replicó en diferentes lugares del país, destacando la inauguración de terminales de ómnibus y otros edificios importantes con el nombre del exmandatario.
La iniciativa popular también se hizo presente a través del sitio web “Ponele Néstor a todo”, creado por el periodista Leonardo Mindez, donde se recopilaban fotos de lugares públicos con referencias a Néstor Kirchner. Este proyecto evidenció la extendida práctica de rendir homenaje al expresidente en todo el país, con un total de 179 puntos geolocalizados.
Sin embargo, estas acciones no estuvieron exentas de controversias. En la ciudad de Buenos Aires, una ley prohíbe nombrar lugares públicos con el nombre de una persona hasta que hayan pasado al menos 10 años desde su fallecimiento. A pesar de esto, el exCCK recibió su nombre apenas cinco años después de la muerte de Kirchner, desatando críticas y cuestionamientos sobre el cumplimiento de la normativa.
En un intento por cambiar esta situación, el Gobierno de Cambiemos propuso en 2016 una nueva ley que no solo buscaba cambiar el nombre del centro cultural, sino también extender la restricción temporal a 20 años. Sin embargo, este proyecto no logró obtener suficiente apoyo político y no fue tratado en el Congreso.