La Justicia Federal dio un paso significativo en la investigación sobre presuntas actividades ilícitas de líderes piqueteros, ordenando la inhibición de bienes y la pericia de teléfonos celulares como parte de la recolección de pruebas. El juez Sebastián Casanello y el fiscal Pollicita aguardan los resultados de estas acciones para continuar con el proceso judicial. Mientras tanto, las defensas de los acusados buscan cuestionar la validez de la causa, mientras se revelan detalles de las presuntas extorsiones.
En el marco de la causa que indaga si referentes de movimientos piqueteros estuvieron extorsionando y amenazando a beneficiarios de planes sociales, el juez Casanello ordenó la inhibición de bienes de personas y cooperativas relacionadas con los allanamientos realizados recientemente. Además, solicitó al INAES que audite el funcionamiento de las cooperativas involucradas. La clave para avanzar en la investigación parece residir en el análisis de los celulares incautados, que se espera revelen información crucial.
Sin embargo, las defensas de los implicados ya comenzaron a actuar. Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero no involucrado en el expediente, señaló que los abogados recién han tenido acceso al caso, y cuestiona la actuación de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por comentar sobre los procedimientos antes de su conclusión. Bullrich, por su parte, solicitó ser querellante en la investigación, una solicitud que está siendo evaluada por el juez Casanello.