Una niña de 12 años cambió drásticamente su comportamiento el año pasado, con señales evidentes de que algo andaba mal. Cortes en los brazos y un comportamiento retraído encendieron las alarmas en su escuela y su hogar. Lo que inicialmente parecía ser un problema personal, pronto reveló una verdad devastadora: había sido violada en reiteradas ocasiones por un joven que su padre había contratado para trabajar en el campo familiar.
El acusado, un hombre de 25 años de La Toma, se había ganado la confianza de la familia al ser amigo del hermano mayor de la víctima. Entre abril y septiembre del año pasado, vivió con ellos, junto a su pareja, bajo el mismo techo. Lo más alarmante es que lo alojaron en la misma habitación de la niña, una decisión que resultaría trágica. Los abusos comenzaron en silencio, primero como tocamientos y luego con acceso carnal, siempre en la oscuridad de la noche mientras el resto de la casa dormía.
El horror continuó hasta septiembre, el día después del cumpleaños número 13 de la niña. Tras este último ataque, el agresor pidió que lo llevaran de regreso a su pueblo y jamás regresó, ni siquiera por su ropa.
El calvario de la niña no terminó con la denuncia. A pesar de que en noviembre un médico forense confirmó los abusos, la Justicia no ha avanzado con la celeridad que el caso amerita. La familia de la víctima, asistida por los abogados Nancy Calzavara y Gustavo Correa, denuncia una clara falta de imparcialidad en el proceso. “Notamos que tanto la Fiscalía como el Juzgado de Garantía favorecen al imputado y a su defensa. Hemos presentado escritos que tardan hasta un mes en proveerse, mientras que los de la defensa son resueltos en 24 o 48 horas”, explicó Calzavara a un medio web local.
En un giro devastador, un año después de los abusos, la niña intentó quitarse la vida. Ingirió 20 pastillas para dormir, lo que la llevó a sufrir convulsiones y ser hospitalizada durante tres días. Confesó que la presión de lo vivido la había empujado a este acto desesperado.
El acusado sigue en libertad. Aunque fue imputado el pasado 24 de abril por tres abusos sexuales simples y dos con acceso carnal, el pedido de detención ha sido denegado. El Ministerio Público Fiscal ha solicitado una pena de 9 años de prisión, pero la audiencia para la elevación a juicio aún no ha sido convocada. Para Calzavara, la acusación es insuficiente: “La pena debería ser de hasta 20 años, considerando que vivían bajo el mismo techo”.
La abogada expresó su preocupación por la seguridad de otras menores: “El acusado está libre y ya se contactó con otra niña a través de Instagram. Es un peligro que siga en las calles”. En una reciente audiencia, se solicitó la restitución de algunas pertenencias que el agresor dejó en el campo, pero la familia ya no tenía nada de él en la propiedad.
Calzavara y su equipo continúan insistiendo en la necesidad de proteger a la víctima y evitar su revictimización. “La imparcialidad y la justicia deben prevalecer. Es fundamental que el acusado sea arrestado antes de que otro inocente sufra las consecuencias de su libertad”.