El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, sorprendió al inspeccionar el colectivo recuperado que la exsecretaria de Deporte, Cintia Ramírez, devolvió tras 40 días de intervención. Durante el recorrido, Poggi reveló que el vehículo, otorgado mediante un subsidio de 290 millones de pesos, tenía un sobreprecio significativo, siendo un modelo 2018 con más de 800 mil kilómetros recorridos, en mal estado y valuado en solo 200 millones de pesos según estimaciones.
Poggi anunció una denuncia penal contra Ramírez, destacando el sobreprecio que ronda los 100 millones de pesos. Simultáneamente, informó que el San Luis Fútbol Club inicia su proceso de normalización institucional con una asamblea de socios programada para el 2 de febrero.
A pesar del anuncio del Gobierno de San Luis sobre el cese de la intervención en el club, la AFA mantiene una mirada crítica. Según fuentes, la intervención persiste si los interventores convocan elecciones y establecen fechas, manteniendo al San Luis Fútbol Club en una situación complicada.
La respuesta oficial de la AFA es esperada para determinar si el procedimiento del Ejecutivo puntano cumple con los requisitos internacionales del fútbol. La medida busca poner fin a la suspensión provisoria de la Liga Sanluiseña de Fútbol, permitiendo a Juventud y Estudiantes participar plenamente en el fútbol profesional.
En una entrevista la directora de Personas Jurídicas, Lorena Domínguez, desafió las restricciones de la AFA a la intervención estatal en los clubes. En este contexto, queda por ver cómo se desarrollará la situación y si las acciones del Gobierno de San Luis se alinearán con los estándares internacionales del fútbol.