En los primeros 100 días de gobierno de Javier Milei, la Casa Rosada ha sido testigo de un cambio notable en su enfoque político. Desde su inicio, Milei enfrentó desafíos legislativos significativos, lo que lo llevó a reconocer la importancia de la negociación y la flexibilidad para lograr sus objetivos de reforma. A medida que reflexionamos sobre este hito, surge la pregunta: ¿qué podemos esperar en el futuro de su administración?
Mientras el presidente Milei inició su mandato con un estilo confrontativo, basado en tuits y promesas de referéndum, sus primeros meses en el cargo revelaron la necesidad de adoptar un enfoque más pragmático. Los contratiempos legislativos, como la caída de la Ley Ómnibus en Diputados y el rechazo al mega DNU en el Senado, destacaron las limitaciones de su estrategia inicial.
A pesar de contar con un decreto de necesidad y urgencia, cuya mitad ya fue rechazada por el Senado, Milei se enfrenta a obstáculos para aprobar las normas necesarias para estabilizar la economía. Su megaproyecto de bases, presentado en enero, encontró resistencia en la oposición, exponiendo las fallas en su capacidad de negociación.
Sin embargo, estos desafíos sirvieron como lecciones para el presidente libertario. Se volvió evidente que la política requiere habilidades de diálogo y flexibilidad, aspectos que Milei está empezando a adoptar. Su propuesta de un “Pacto de Mayo”, junto con una nueva Ley de Bases y un acuerdo fiscal, muestra un cambio de rumbo hacia una estrategia más inclusiva.
Además, la designación de Guillermo Francos y Nicolás Posse para entablar conversaciones con distintos sectores políticos, incluyendo el PRO y la Unión Cívica Radical, indica un reconocimiento por parte de Milei de la necesidad de construir alianzas más allá de su círculo ideológico.
A pesar de su inicial reticencia a comprometerse en el juego político tradicional, Milei se dio cuenta de que no puede evitar la negociación a largo plazo. Temas cruciales, como un acuerdo con el FMI o reformas impositivas, requerirán del consenso del Congreso y de los gobernadores provinciales.