En un reciente dictamen, la fiscal Laura Mercedes Monti, en representación del Ministerio Público de la Procuración General de la Nación, opinó en contra de la intervención de la Corte Suprema de Justicia en la causa vinculada al crimen de Romina Aguilar, específicamente en relación con la solicitud de la defensa de Diego Lorenzetti. Lorenzetti, acusado en el caso, buscaba suspender un segundo juicio hasta que se resolviera una primera presentación sobre la sentencia del Superior Tribunal de Justicia que anuló su absolución.
La acción impulsada por la defensa de Marcos Juárez, abogado de Lorenzetti, se enfrentó a la opinión de Monti, quien sostuvo que la resolución del asunto debe quedar en manos de la Justicia provincial. Argumentó que el caso no posee carácter civil ni federal, sino que se trata de una acción autónoma de nulidad que busca revisar una sentencia definitiva emitida por un tribunal provincial.
Monti destacó que las resoluciones de los tribunales provinciales, dentro de su competencia, no pueden ser objeto de revisión por los tribunales nacionales, salvo excepciones como el recurso extraordinario. Subrayó que esto se fundamenta en la autonomía judicial y la soberanía de las jurisdicciones provinciales en la administración de justicia.