Jorge Castillo, conocido como “El Rey de la Salada”, y dos de sus socios, Antonio Corrillo Torrez y Aldo Enrique Presa, están en el ojo de la tormenta judicial. La Justicia Federal solicitó la elevación a juicio de la causa en su contra por presunta evasión fiscal de más de 490 millones de pesos. Castillo, en su defensa, sostiene que todo es una maniobra para apropiarse de la popular feria.
La acusación se originó el 17 de marzo de 2015, cuando la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció posibles delitos económicos en la feria La Salada. Según la investigación, Castillo y sus socios habrían utilizado una “compleja estructura societaria” para ocultar a los verdaderos beneficiarios y evadir impuestos mediante declaraciones juradas engañosas y facturación falsa.
Los fiscales Cecilia Incardona y Diego Velasco, de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), procesaron en 2019 a Castillo, iniciando una investigación exhaustiva que culminó a mediados de mayo de este año con la formalización de las acusaciones y la solicitud de elevación a juicio.