Desde octubre de 2023, los docentes de la EPA N°6 “Dr. Luis R. Barroso”, ubicada en el barrio Eva Perón, se encuentran percibiendo los mismos salarios, que oscilan entre $200.000 y $300.000, sin haber recibido los aumentos salariales ni los bonos anunciados por el gobernador Claudio Poggi.
Los trabajadores aseguran haber agotado todas las instancias de diálogo con la directora María Elizabeth Julián y el Sr. Claudio Acebal, sin obtener respuestas satisfactorias. Tras estos intentos fallidos, realizaron los reclamos formales ante la directora y subdirectora de Escuelas Autogestionadas de la provincia, presentando recibos y denunciando persecución laboral y hostigamiento. Sin embargo, hasta la fecha, se encuentran a la espera de que la Asociación que administra la escuela “acomode sus papeles”, lo cual ha generado temor entre los docentes, quienes hablan de represalias y el miedo a perder sus trabajos.
El malestar creció cuando, tras compartir la documentación pertinente a través de correos electrónicos, los afectados recibieron el calificativo de “fabuladores” por parte de las autoridades, debido a que no se firmó el acta de denuncia ni se presentaron los recibos en mano, a pesar de que estos fueron enviados desde el inicio de las gestiones.
Exigen una solución inmediata
La situación se agrava con la intervención del estudio Manissero, que, según los denunciantes, no solo estaría reteniendo parte de los salarios de los docentes, sino también los fondos que el Estado destina para el pago de estos haberes. Según la comunidad educativa, este dinero no ha sido percibido desde hace casi un año, generando un serio perjuicio económico para los trabajadores.
En un comunicado firmado por familiares, amigos y docentes de la EPA N°6, se exige el pago retroactivo de los salarios adeudados de manera inmediata e inexcusable, advirtiendo que, de no ser así, se estaría consintiendo un enriquecimiento sin causa por parte de las autoridades de la Escuela/Asociación, en claro detrimento de los derechos de los docentes.
Además, reclaman que las autoridades provinciales tomen las medidas necesarias para que quienes dirigen la institución cumplan con las normativas vigentes, y que, en caso de incumplimiento, asuman la responsabilidad correspondiente.
El comunicado cierra con una advertencia contundente: “El tiempo para esperar una solución se agotó, la FAMILIA y la VIDA no espera.”