A través de un acuerdo entre la UCR, Unión por la Patria y otros bloques dialoguistas, la oposición logró pasada la medianoche asestarle un golpe al oficialismo al arribar en la Cámara de Diputados a la media sanción de una nueva fórmula de movilidad jubilatoria alternativa a la que el Gobierno estableció a través de un decreto de necesidad y urgencia.
Después de casi 14 horas de sesión, la iniciativa, que surgió a partir de la unificación entre las propuestas del kirchnerismo, la UCR, Hacemos Coalición Federal y la Coalición Cívica, cosechó 160 votos positivos, 72 rechazos y ocho abstenciones.
Mientras los diputados nacionales de distintos bloques desarrollaban sus exposiciones en torno al debate sobre una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, detrás de las cortinas del recinto los líderes de los principales bloques opositores sellaron el acuerdo.
“Si seguíamos apuntándonos con una pistola para ver cuál de los dos dictámenes salía, nos íbamos a quedar sin nada. Por suerte logramos una diagonal que permite sintetizar en un punto medio las propuestas”, sostuvo un diputado nacional que intervino en las negociaciones en diálogo con los medios acreditados.
Superada la votación en general, el presidente del bloque de Hacemos Coalición Federal, Miguel Pichetto, propuso eliminar del dictamen el artículo 11 que establecía la supresión de los regímenes jubilatorios de privilegio para presidentes y vicepresidentes.
La votación culminó con 109 afirmativos, 111 negativos y 15 abstenciones, por lo que el artículo se cayó con el apoyo de Unión por la Patria y Hacemos, en tanto que la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y un sector de la UCR se abstuvieron. La Libertad Avanza, el PRO y el grueso de la UCR votaron para que se mantuviera ese artículo, pero no les alcanzó.
La propuesta opositora de consenso
La iniciativa de la oposición es introducir un 8,1% adicional a ese 12,6% para llegar a un total de 20,6% de recomposición, equivalente a la inflación del mes de enero que se perdió en el empalme entre la fórmula de movilidad anterior y la establecida por el Gobierno a través del DNU.
Además de actualizar los haberes por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la propuesta establece un aumento adicional una vez al año (en marzo) por el 50% de la diferencia entre la variación salarial y la evolución de los precios en un mismo período de tiempo (si existiera una recuperación del salario por encima de la inflación).
En tanto, se fijó en la redacción que el haber mínimo será de 1.09 respecto del valor de la canasta básica total de un adulto, por lo que un jubilado que cobra la mínima pasaría a cobrar 285 mil pesos.
Por último, acordaron que la ANSES tendrá la obligación de cancelar las deudas con las cajas previsionales provinciales, y de pagar las sentencias firmes a favor de jubilados, pero no a partir de lo producido por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, como había insistido Hacemos, sino con asignaciones específicas de los recursos tributarios del organismo previsional (impuesto al cheque, impuesto PAIS e IVA).
Según estimó la Oficina de Presupuesto del Congreso, esta iniciativa de síntesis tiene un costo fiscal del 0,43 % del PBI.
La Libertad Avanza y el PRO la rechazaron en la votación. El bloque oficialista había firmado en comisiones un dictamen que reproduce exactamente los términos del DNU 274, que solamente reconoce una recomposición parcial del 12,5% de los haberes y sobre esa base actualiza por la inflación.