La Universidad Nacional de Villa Mercedes (UNViMe) ha solicitado una auditoría externa al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la ciudad para investigar un incumplimiento en el pago de las contribuciones patronales durante cinco meses del año 2023. La actual gestión ha presentado una denuncia penal ante la Fiscalía Federal contra el exrector, David Rivarola, y Claudia Grando, quien ejercía como secretaria de Hacienda. La deuda con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) asciende a más de 163 millones de pesos.
Juan Manuel Quiroga, asesor legal y técnico de la institución, explicó que la falta de pagos de la Seguridad Social de 551 trabajadores corresponde a los meses de marzo, mayo, junio, julio y agosto del año pasado. “Esto es llamativo por dos razones: primero, porque estos meses coincidieron con el cronograma electoral de las elecciones universitarias; y segundo, porque perjudica a los trabajadores que se jubilen, o que ya estén en condiciones de hacerlo, ya que este período no cuenta con aportes”, detalló Quiroga.
El abogado señaló que la anterior gestión recibía mensualmente los fondos nacionales de la Secretaría de Políticas Universitarias, por lo que no se comprende por qué no se abonaron las contribuciones, generando así grandes intereses por la moratoria.
“No solamente los trabajadores están siendo afectados, sino que el propio patrimonio de la universidad se pone en riesgo. Una deuda de esta magnitud, sobre todo en la actual situación económica, implica menos dinero para becas, infraestructura, transporte y otras tareas académicas esenciales”, manifestó Quiroga.
Quiroga indicó que durante el período en cuestión, la responsabilidad de la administración recaía en el exrector Rivarola, mientras que Claudia Grando se encargaba de la parte operativa. Ahora, será la Justicia quien determine el grado de responsabilidad de cada uno en lo que podría ser considerado un delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, evasión agravada y/o apropiación indebida de los recursos de la Seguridad Social.
“Algunos meses no pagaron, en otros fue solo una parte y, en mayo, por ejemplo, se pagó la totalidad pero con un mes de diferencia, lo que generó un perjuicio de dos millones de pesos en intereses. Todo esto tiene un costo que paga la universidad, que es el patrimonio de todos los estudiantes, docentes y la comunidad”, expuso Quiroga.
Finalmente, Quiroga informó que la fiscalía será la encargada de llevar adelante la investigación. Por el momento, la actual gestión no ha recibido ningún contacto de los funcionarios anteriores.