Nuevamente, el nombre de Rafael Dante Churquina, de 39 años, resuena en el ámbito del Servicio Penitenciario Provincial. En esta ocasión, su expareja y madre de una de sus hijas, Ángeles, ha denunciado públicamente las condiciones irregulares de su detención en el complejo penitenciario Pampa de las Salinas, ubicado en La Botija.
Ángeles afirma que Churquina sufre tortura psicológica en la cárcel y que incluso se ha cosido la boca en señal de protesta. “Está en huelga de hambre y quiere hablar con los medios”, señaló en una entrevista radial con Lafinur FM. Además, sostiene que su traslado al nuevo penal el pasado 13 de marzo fue abrupto y sin previo aviso.
La titular del Servicio Penitenciario provincial, Karina Mantelli, había declarado que el traslado no estaba relacionado con el hallazgo de teléfonos y una agenda en la celda que Churquina ocupaba en la cárcel de San Luis. Según Mantelli, la medida fue adoptada para “optimizar el régimen penitenciario y buscar mejores resultados médicos y de tratamiento”.
Sin embargo, los testimonios de Ángeles contradicen esta versión oficial. La mujer describe un escenario de abusos sistemáticos que incluyen aislamiento extremo, negación de artículos personales y educativos, y humillaciones diarias como ser filmado desnudo. “Ha llegado al punto de coserse la boca en protesta y amenaza con autolesionarse más gravemente si su situación no mejora”, denunció.
En diálogo con el medio gráfico de Alberto Rodriguez Saá, Ángeles detalló que a Churquina solo le permiten comunicarse con sus familiares 10 minutos por semana y bajo la estricta vigilancia de los penitenciarios. Además, menciona que el penal de La Botija no es apto para la reclusión de procesados federales, ya que Churquina está acusado de narcotráfico pero aún no ha sido condenado por este delito.
Ángeles también cuestionó la acusación de posesión de una notebook con la que supuestamente operaba desde la cárcel, aclarando que se trataba de un DVD portátil.
La preocupación de Ángeles se extiende al impacto que esta situación tiene en su hija y la imposibilidad de mantener un vínculo normal con su padre debido a las restricciones de comunicación y visitas. Su pedido es claro: que Churquina sea tratado como un interno normal, con acceso a derechos básicos como educación, ejercicio y comunicación regular con su familia. “Ahora está aislado en un calabozo, lo sacan una hora por día para que se bañe y solo tiene 10 minutos de comunicación telefónica por semana con la familia”, detalló.
Finalmente, Ángeles resaltó la necesidad de atención psicológica y un trato humano para su expareja, impulsando este pedido a través de la Secretaría de Derechos Humanos. Subrayó que, aunque acusado, Churquina aún no ha sido condenado y merece condiciones de detención justas