A 9 años de los hechos, la trama de fraude electoral que involucra a la familia Figueroa en Arizona sigue desenredarse. La Cámara Federal de Mendoza rechazó un recurso de apelación presentado por cuatro policías involucrados en los hechos a través de las cuales gente que no vivía en el pueblo se le otorgaba el certificado de domicilio para que pudiera votar en las elecciones de 2015 que resultó electo candidato oficialista.
En síntesis, la maniobra consistió en el cambio de domicilio electoral en el Registro Civil de la localidad de un centenar de personas que no residían verdaderamente allí. La finalidad era engrosar el padrón electoral para asegurar la elección de Ariel. En la mecánica no solo participaron los Figueroa, también la encargada del registro Ivana Funes y cuatro policías. A cambio los electores truchos obtenían licencias de conducir emitidas por el municipio.
Los inspectores Ariel Mariano Lahiton, Guido Gonzalo Torres, Marcos Sebastían Amaya y Alberto Moreira presentaron la apelación. El papel de los policías fue clave: emitían los certificados de domicilio que los votantes truchos llevaban el registro para solicitar la inclusión en el circuito electoral.
El fallo confirmando el procesamiento fue firmado por los jueces de la Cámara Federal, Sala B, Manuel Alberto Pizarro, Juan Ignacio Pérez Curci, Gustavo Castineira de Dios y tiene fecha del 9 de agosto.
Por esto, los efectivos fueron procesados sin prisión preventiva por el delito de falsedad ideológica, que establece prisión al “que insertare o hiciere insertar en un instrumento público declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio”. Al tratarse de documentos destinados a acreditar la identidad de las personas, el mismo código establece penas de 3 a 8 años.
Ariel Figueroa resultó electo en 2015, para continuar la gestión tras el mandato de su padre Pedro. Actualmente gobierna el municipio Virginia Isabel Bazán Travaglia, esposa de Ariel, quien dejó el cargo en diciembre pasado.
La primera denuncia de fraude fue radicada el 7 de septiembre de 2015 y se sospecha de 101 personas se convirtieron en votantes golondrinas por realizar el trámite de cambio de domicilio, a pesar de que no vivía en el pueblo.
La cámara para sostener la acusación contra los policías tuvo en cuenta desde testigos de la localidad hasta inconsistencias en los domicilios declarados.
“Los elementos incorporados en autos, especialmente las declaraciones y las constataciones realizadas por la Policía Federal respecto de los inexistentes domicilios denunciados por los solicitantes a fin de obtener los certificados de domicilios en cuestión, la vaguedad de los domicilios declarados los que en su mayoría se individualizan como “zona rural s /n; zona urbana s/n; planta urbana; M. Moreno s/n, y que por tal motivo no se pudieron identificar toda vez que la localidad de Arizona no indica ni identifica zonas rurales, como así tampoco zonas urbanas, dan cuenta de la intención de los imputados en la realización de la acción típica”, argumentó la Cámara.
A su vez la cámara recuerda los testimonios de dos vecinos de la localidad que confirmaron que los residentes apuntados no son conocidos en Arizona.
“Así las cosas, esta situación relatada y conocida por los lugareños difícilmente podía ser ignorada por los efectivos policiales de Arizona, lo que permite inferir, con el grado de convicción propio de esta etapa del proceso, y como sostiene el que los a quo, imputados formaban parte de tal maniobra global, por la cual insertaban datos falsos en los certificados de residencia – domicilios denunciados-a sabiendas de que los declarantes no residían en la localidad- y que los domicilios denunciados, los cuales certificaban, incumpliendo con la normativa vigente a tal efecto, no existían o en los mismos no residían los denunciantes, y a sólo fin de que dichos electores pudieran realizar el cambio de domicilio en la oficina del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas y obtuvieran así, la obtención de la habilitación de la licencia de conducir expedida por el Municipio de Arizona, a cargo del intendente y coimputado Pedro Jorge FIGUEROA al momento de los hechos, a cambio del sufragio de estos a favor del próximo candidato a intendente, su hijo Jorge Ariel Figueroa, candidato electo a intendente en la misma localidad en las elecciones de 2015”, consideró el Tribunal.
“Será eventualmente el juicio oral el lugar propicio para desplegar plenamente los argumentos defensivos concretos respecto de todas y cada una de las pruebas existentes”, concluye el tribunal.
La declaración de los policías
Tanto los policías Lahiton como Moreira se abstuvieron de declarar en la causa. Amaya por su parte expresó que “esta es la primera vez que me citan a declarar y en ningún otro momento me llegó citación para declaración indagatoria. Con respecto a los certificados de domicilio, nosotros lo hacemos con documento con el domicilio que sale detrás del DNI, no se va al domicilio, el oficial no va al domicilio efectivamente, sino que se hace con el DNI presentado. Y con respecto a la residencia certificamos la firma de los testigos y no el contenido del documento, lo que se escribe. Certificamos que los testigos firman enfrente de ellos”.