La desaparición de Roque Abel Ortiz hace casi una década sigue siendo un misterio. Sin embargo, una nueva etapa judicial se aproxima, con tres implicados que serán juzgados por asociación ilícita. Alejandra Espinosa, Marcelo Acevedo y María del Carmen Vázquez enfrentarán el banquillo de los acusados. La acusación del Ministerio Público Fiscal (MPF) sostiene que estas personas, como integrantes de una organización criminal, tienen algún grado de participación en la desaparición de Ortiz.
El MPF remarcó que el delito de asociación ilícita tiene la capacidad de alterar la tranquilidad pública, sobre todo porque uno de sus principales integrantes era Marcelo Acevedo, entonces jefe de la Comisaría 9° de Villa Mercedes. Acevedo y Espinosa son señalados como los organizadores de la asociación ilícita, con la capacidad de manejar operaciones ilícitas desde la misma comisaría. La investigación también vincula a Espinosa con la agresión con un arma de fuego contra Agustín Figueroa, por lo cual está procesada.
Delitos comprobados y la conexión con la desaparición
El Ministerio Público Fiscal ha verificado diversos delitos cometidos por la organización. Entre ellos, incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, peculado, encubrimiento e instigación a cometer delitos. Estos hechos han configurado el tipo penal de asociación ilícita, que implica la pertenencia a un grupo con fines delictivos.
Espinosa, quien fue pareja de Abel Ortiz y la última persona que lo vio con vida, enfrenta además una acusación previa de homicidio calificado por haber mantenido una relación de pareja. A su vez, Acevedo, procesado en 2016 como coautor del homicidio de Ortiz, fue liberado tiempo después, al igual que Vázquez. Sin embargo, Espinosa permanece detenida, aunque por otro hecho: un intento de homicidio contra Agustín Figueroa.
El juicio aún sin fecha
El proceso judicial avanza, y aunque aún no hay fecha definida para el juicio oral, ya se ha hecho el ofrecimiento de pruebas. La defensa de los acusados ha cuestionado la validez de estas pruebas, argumentando que no tienen relación con la desaparición de Ortiz. También plantearon que se viola el derecho a defensa al permitir la intervención del abogado de la familia Ortiz, Bautista Rivadera.
Rivadera, por su parte, sostiene que la familia de Ortiz tiene derecho a obtener una respuesta dentro de un plazo razonable. “Es momento de que tengamos una instancia de juicio oral para dar una respuesta definitiva a la parte que represento”, declaró Rivadera, quien busca que se aclaren las responsabilidades dentro de la asociación ilícita y, con ello, tal vez, se pueda esclarecer qué ocurrió con Abel Ortiz.
A diez años de su desaparición, el juicio se perfila como un paso fundamental para que la familia Ortiz y la sociedad puedan conocer la verdad detrás de uno de los casos más impactantes de los últimos tiempos en Villa Mercedes.